Los titulares de
las regiones de Áncash, Tumbes, Pasco, Cusco y Junín son los que acumulan la
mayoría de investigaciones fiscales o procesos judiciales, debido
principalmente a licitaciones amañadas, obras públicas sin concluir o pagos no
autorizados. El Gobierno Regional de Ayacucho tiene el récord de casos de
corrupción de funcionarios: 260 en total.
La mayoría de
presidentes regionales deben afrontar graves acusaciones por presuntos actos de
corrupción de funcionarios. De los 25 en actividad, un total de 19 están
sometidos a investigaciones fiscales o a procesos judiciales por delitos como
peculado, colusión, negociación incompatible y malversación de fondos, entre
otros.
Las cifras reflejan
una preocupante incidencia de actos irregulares especialmente en procesos de
licitación, adjudicación de obras públicas y contratos con empresas privadas.
La lista es
encabezada por el presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, quien
afronta 26 procesos: 22 en la Fiscalía y 4 en el Poder Judicial. Áncash es una
de las regiones más ricas del país, por el alto monto de recursos públicos que
maneja, pero también es el ámbito con el mayor registro de notorios casos de
corrupción.
En el 2013, la Región
Áncash gastó un presupuesto de 1,226 millones de soles. A mayo de este año, se
le ha asignado 1,047 millones de soles, de acuerdo con un reporte de las
Procuradurías Anticorrupción.
El segundo lugar lo
ocupa el presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, sometido a 20
investigaciones fiscales y 5 procesos judiciales, sin contar el reciente
hallazgo de la Contraloría General de la República: vendió un terreno a precio
subvaluado y perjudicó al Estado por un monto que superaría los 21 millones de
soles.
En el 2013, Tumbes tuvo un presupuesto de 371 millones de
soles. Para el 2014, se le ha destinado 345 millones de soles. Según el
Ministerio de Economía y Finanzas, Dioses ya ejecutó el 50 por ciento del
presupuesto de su región.
En el tercer lugar
se ubica el titular del gobierno regional de Pasco, Klever Meléndez Gamarra.
Las autoridades atribuyen a Meléndez haber otorgado a una constructora sin
experiencia el proyecto de mejoramiento y ampliación del hospital regional
Daniel Alcides Carrión, por 170 millones de soles.
Este es uno de los 20 casos que Klever Meléndez debe
esclarecer en la Fiscalía.
La Región Pasco
gastó en el 2013 más de 505 millones, y para este año se le ha destinado un
presupuesto de 444 millones de soles.
Los presidentes de
los gobiernos regionales del Cusco, René Concha Lezama, y de Cajamarca,
Gregorio Santos, cuyas administraciones gozan de ingentes ingresos por los
cánones gasífero y minero, respectivamente, también deben responder ante la
justicia por presuntos casos de corrupción. Diez, el primero, y nueve, el
segundo.
En el 2013, Cusco
recibió 1,314 millones de soles por canon gasífero, mientras que Cajamarca 468
millones por el canon minero.
Coincidentemente, a
más recursos hay menos transparencia y poca fiscalización, lo que explicaría
por qué los presidentes regionales deben responder a un alto número de
investigaciones fiscales y procesos judiciales por acusaciones de corrupción.
POR TODAS PARTES
Las cifras se
disparan si se hace una suma de los casos que involucran tanto a los
presidentes como a los funcionarios regionales.
De acuerdo con un
registro de las Procuradurías Anticorrupción, son 1,505 los casos que vinculan
a titulares y funcionarios de 25 gobiernos regionales.
El más significativo
es el gobierno regional de Ayacucho, cuyo presidente, Wilfredo Oscorima Núñez,
y su planta de autoridades afrontan 260 incidentes de supuesta corrupción de
funcionarios.
Uno de los casos
más llamativos es la adquisición de maquinaria sin licitación por 21 millones
de soles. Otro hecho bajo investigación es el pago no autorizado de 16 millones
de soles a la constructora Octavio Bertolero S.A. El gobierno regional le tenía
una deuda a esta empresa, cuyo monto original era de 700 mil soles.
Oscorima es quien
como candidato a la presidencia regional de Ayacucho, una de las más pobres del
país, regalaba 100 soles en efectivo a sus simpatizantes.
El presidente
regional de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo, y sus funcionarios están
sometidos a investigación fiscal por 175 casos de presunta corrupción. Moquegua
también recibe ingentes recursos por canon y regalía minera. En el 2013 fue de
271 millones de soles.
Entre 2012 y 2013,
la Contraloría practicó en Moquegua 60 acciones de control en el gobierno
regional, lo que derivó en 104 informes sobre irregulares, lo que explica por
qué hay tantos funcionarios investigados o enjuiciados.
Uno de los casos
más sonados es el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales de la ciudad de Moquegua por 50 millones de soles. Hace dos años que
la empresa constructora no concluye la obra.
En el ranking de
gobiernos regionales con más incidentes por corrupción de funcionarios, el
tercer puesto lo ocupa Áncash: 147 casos.
En el periodo 2009
al 2013, la Contraloría General de la República practicó 431 acciones de
fiscalización en el Gobierno Regional de Áncash, la mayor parte en ejecución de
obras públicas (34 por ciento) y adquisiciones (22 por ciento). A causa de las
acciones de control, fueron denunciados 902 funcionarios. Todo un récord.
Los gobiernos
regionales de Junín y Ucayali –cuyos titulares son Vladimir Cerrón Rojas y
Jorge Velásquez Portocarrero, respectivamente– también acumulan una importante
cantidad de casos de investigación fiscal y procesos judiciales por corrupción de funcionarios: 106 cada uno.
Uno de los casos
más notorios en Junín es el proyecto de asfaltado de la carretera
Acobamba-Palcamayo-San Pedro de Cajas-Condorín valorizado en 44.7 millones de
soles. La municipalidad provincial de Tarma denunció que transfirió 29 millones
de soles al Gobierno Regional de Junín para contribuir a la obra, porque un
tramo corresponde a su jurisdicción. Sin embargo, los trabajos han quedado
inconclusos. Solo se ha removido la tierra. El asfalto brilla por su ausencia.
Entre 2012 y 2013,
el Gobierno Regional de Ucayali recibió por concepto de canon petrolero 133.4
millones de soles, y por el Fondo de Desarrollo de Camisea (Focam), 146.3
millones de soles. La Contraloría General de la República detectó que
funcionarios del gobierno regional destinaron irregularmente recursos de dichos
fondos para financiar actividades no autorizadas, como pagos a periodistas para
que informen sobre las actividades del presidente ucayalino Jorge Velásquez
Portocarrero.
El propio Velásquez
es sometido a investigaciones fiscales y tres procesos judiciales por presuntos
actos de corrupción.
Respecto a la
capital, el Gobierno Regional del Callao tiene en curso 45 casos de presunta
corrupción de funcionarios, mientras que el Gobierno Regional de Lima cuenta con 15 incidentes.
Estos números
revelan la urgente necesidad de aplicar
una reingeniería del sistema de fiscalización de la administración de
recursos por los gobiernos regionales de todo el país.
CLAVES
Frecuencias.
"Hemos identificado que del 100% de delitos contra la administración
pública, el 40.15% lo constituye el peculado, el 13.07% la colusión y el 6.93%
la malversación de fondos", dijo el procurador anticorrupción Christian
Salas Beteta.
RAZONAMIENTO. "Esto tiene una explicación bastante
lógica: el mal funcionario público es responsable de la disposición de fondos y
de bienes públicos, por lo que –sin debido control– tiene fácil el camino para
apropiarse (o utilizar indebidamente) de los caudales del Estado o coludirse en
las licitaciones de obras públicas", dijo el procurador.
ABANDONO. Respecto a la recuperación del dinero y
cobro de reparaciones por los actos de corrupción, el Estado prácticamente no
hace ningún esfuerzo, indicó.
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