La influencia de
Rodolfo Orellana Rengifo en prácticamente todos los ámbitos del poder político
solo puede darse en el Perú. Desde mediados del año pasado, empezó a ser
denunciado por estafas, tráfico de tierras y apropiación de propiedades. Hoy
está bajo el reflector.
Sus tentáculos
alcanzan a: Congreso, policía, fiscalía, Poder Judicial, notarios, Registros
Públicos, gobiernos regionales y más. Se lo vincula a: tráfico de tierras,
interceptaciones telefónicas, estafas, apropiaciones ilícitas gracias a una
mafia de notarios, minería ilegal, lavado de ‘narcodólares’, extorsión y trata
de personas.
Sus principales
escuderos son Heriberto Benítez y Benedicto Jiménez. El primero “mánager” de
Leonor La Rosa, espía montesinista, estafadora y “niña símbolo” del “rescate”
de la democracia, a quien el gobierno de Toledo indemnizó con 300 mil dólares
por las supuestas “torturas” de la “dictadura”.
El otro escudero es
el “sheriff” Benedicto Jiménez, esa arpía encargada de distorsionar el hito que
cambió la historia del Perú: la captura, en 1992, del cabecilla senderista
Abimael Guzmán, durante el gobierno de Fujimori. Ambos, Benítez y Jiménez,
están en una ONG de Orellana, y Jiménez en el pasquín “Juez Justo”, utilizado
para difamar a quienes denuncian a Orellana y tapar sus fechorías. La
corrupción al estilo “perucho” es surrealista y más increíble que la ficción.
La procuradora
pública para lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo, ha dicho que la
“presunta” organización ilícita de Orellana está infiltrada en todos los
ámbitos (un poco más hasta en la bodega de la esquina).
Esto no pudo
gestarse de la noche a la mañana, ni en los cinco años que Príncipe batalla
solitariamente contra él. La procuradora ha denunciado que la fiscalía le da
largas al tema, y todo señala al ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales
(recordado por no colaborar con las investigaciones de Estados Unidos, sobre
los vínculos con el narcotráfico del clan de los Sánchez Paredes).
Hijo de un
intelectual y militante aprista y con hermanos en puestos claves, Peláez
–nacido en Chachapoyas– parece ser el flotador de Orellana en ámbitos fiscales
y judiciales. La investigación a este hijo de Tocache alcanza a 53 personas y a
más de veinte empresas, entre las que se cuenta Coopex, una cooperativa con
convenio con el Congreso para otorgarle préstamos. Esa cooperativa no puede ser
supervisada, pues varios fallos del Poder Judicial se lo impiden a la
Superintendencia de Banca y Seguros y la Oficina de Supervisión de Contrataciones
del Estado (OSCE).
En esto todo lleva
a sospecha. Daniel Ramsay, por ejemplo, uno de los fundadores y directores de
Coopex, es ahora de los principales asesores del fiscal supremo Peláez.
Finalmente, vale
recordar que Orellana ha sido señalado por ‘chuponear’ a los adversarios
políticos del presidente regional de Áncash César Álvarez, detenido por su
presunto involucramiento en el asesinato del dirigente Nolasco.
Pero la cereza de
este pastel es que Orellana fue acusado de interceptar las comunicaciones de
Lourdes Flores cuando era candidata a la Alcaldía de Lima. ¿Recuerdan qué pasó?
Se filtró el famoso ‘potoaudio’, que jugó contra Lourdes y le dio la victoria a
Susana Villarán. ¿Encargo de...? ¿Quizá del humalismo que ahora apoya su
reelección? Pregunto, no más. Por Martha Meier Miró Quesada
